AFECTADOS SWAP

Los afectados por swap se vieron atrapados por este “seguro” tóxico a la hora de firmar la hipoteca con sus bancos. Las entidades bancarias les vendían un “seguro” para cubrirse ante las posibles fluctuaciones (subidas) de los tipos de interés. Los usuarios comenzaron a darse cuenta de que realmente se trataba de un producto financiero cuando los tipos de interés bajaron bruscamente y llegaban a sus cuentas bancarias los recibos correspondientes a las pérdidas producidas por la contratación de las swaps. Habían sido engañados

Sentencia favorable a los afectados por swap

Los afectados por las swaps interpusieron reclamaciones jurídicas ante los tribunales por la irregular contratación de estos productos financieros. Inicialmente, la posibilidad de ejercer la acción judicial caducaba a los cuatro años desde el momento en que el cliente descubría el abuso bancario. Esto era así hasta el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que en su Sentencia de 19 de febrero de 2018 establece que el plazo para la reclamación comienza a contar desde la extinción del contrato firmado con la entidad bancaria y no desde la firma o desde que el cliente percibía el abuso. El Tribunal Supremo echó por tierra el argumento de que advertir el abuso marcaba el inicio del plazo de prescripción de las acciones judiciales, lo que ha abierto la puerta a nuevas reclamaciones por daños y perjuicios en el caso de las swaps.

Nuestra asociación Derecho y Compromiso está defendiendo ya a los usuarios de swap. Somos una organización de consumidores especializada en la defensa de los derechos de los usuarios de banca afectados por productos tóxicos emitidos por entidades financieras, bancos y cajas de ahorro. Contamos con equipos jurídicos especializados en derecho financiero y mercantil que han interpuesto más de 6.500 reclamaciones bancarias en casos como los swaps y los afectados por el Banco Popular, pero también en otros ámbitos como la reclamación por el cártel de camiones.

Nuestra actividad como asociación se caracteriza por la independencia, la transparencia y la solvencia jurídica. No recibimos subvenciones públicas ni patrocinios por parte de ninguna corporación o entidad privada, ni estamos vinculados a ningún partido o asociación ideológica, cultural o religiosa. Nuestro único objetivo es la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.

Para que nuestros abogados puedan defender tus intereses solo tienes que contactar con nosotros en el número de teléfono gratuito 900 823 934.